Los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, habían acordado reunirse esta tarde, a las 18 horas, para debatir el proyecto presentado por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, con el respaldo de legisladores de los interbloques Federal, Unidad y Equidad Federal.
El proyecto reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego, ya que prohíbe realizar modificaciones en el uso de la superficie diferentes a las que tenía el terreno antes de incendiarse, en forma provocada o accidentalmente. Allí radica la importancia para la provincia de Santa Fe y en particular, para Rosario. Pero, la reunión no se pudo hacer. El presidente de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), no pudo retornar de Bolivia, donde se desempeñó como veedor en las elecciones, debido a un paro de aeronavegantes.
Lo que propone esta iniciativa es que, por el término de 60 años, no se pueda cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, para asegurar las condiciones necesarias en la restauración de las superficies incendiadas. Por otra parte, impone un límite de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.
Entonces, en ese período, “no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.” Tampoco una actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que tuviera la superficie en el momento del incendio.
Se establece que el plazo de 60 años “se puede extender, sí así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.
“En el caso de incendios de zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, no se permitirán modificar esos suelos por el termino de 30 años para lograr su restauración.”
Y se remarca el argumento: “No se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.
A su vez, este miércoles, la organización ambientalista Greenpeace, con una actividad en la vía pública, señala al sector agropecuario como el principal responsable de los incendios en el país. Según puede leerse en su página, “en lo que va del año, hay aproximadamente 900.000 hectáreas en el país (incendiadas). Hoy, 10 provincias tienen focos activos.”
Como muestra, hoy, el gobierno de Jujuy presentó una denuncia penal para que se investiguen las causas de los incendios forestales en las Yungas, mientras 14.355 hectáreas ya fueron consumidas por el fuego que se desató el 18 de septiembre, de las cuales poco más de 4.000 corresponden a bosques nativos del Parque Nacional Calilegua. Las otras 10.000 es de jurisdicción de la provincia y fincas particulares.
