Otros 17 efectivos recibieron penas menores por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica. Los jóvenes David Campos y Emanuel Medina fueron acribillados el 23 de junio de 2017 tras una intensa persecución en la zona sur de Rosario.
En un fallo unánime, los jueces los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana, condenaron a prisión perpetua a los dos efectivos que realizaron disparos letales y a penas que van de 1 a 7 años de prisión a otros 17 efectivos implicados.
El abogado de las víctimas Federico Garat consideró por LT8 que en el juicio pudieron demostrar el accionar de los uniformados.
El juicio fue una instancia muy esperada por los familiares de las víctimas nucleados en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, que desde un primer momento hablaron de un caso de episodio de gatillo fácil y siguieron cada una de las instancias judiciales del caso.
Un punto saliente del debate giró sobre la salud mental de Alejandro Rubén Bustos, el principal acusado, quien efectuó una decena de disparos. Su defensa planteó que era inimputable por haber estado bajo tratamiento psiquiátrico tras la muerte de un compañero en un enfrentamiento, circunstancia que según un dictamen de una Junta Especial de Salud Mental debió inhabilitarlo para portar armas. Si bien no se conocen los fundamentos del fallo, esta cuestión quedó zanjada con la condena a perpetua del policía.
En el tramo final, el fiscal Adrián Spelta pidió prisión perpetua para Bustos, del Comando Radioeléctrico, y Leonel Emiliano Mendoza, de la Policía de Acción Táctica, por efectuar disparos letales contra los jóvenes que terminaron acorralados y chocando contra un árbol en Cazadores y Callao a media mañana del 23 de junio de 2017.
Bustos y Mendoza recibieron esa pena al ser considerados autores del delito de homicidio calificado por el abuso de su función o cargo como miembros de la fuerza policial.
Un tercer policía que disparó hacia la línea baja del auto, sin herir a las víctimas, fue condenado a 7 años de prisión. Se trata de Marcelo Adolfo Escalante, considerado autor abuso de armas calificado por ser funcionario público y encubrimiento doblemente agravado por el delito que se encubre y el carácter de funcionario público.
Otro policía que recibió una pena más alta que la mayoría fue Hugo Daniel Baroni, condenado a 5 años de prisión por encubrimiento doblemente agravado. En tanto que otros trece efectivos acusados fueron condenados a 3 años de prisión condicional por encubrimiento doblemente agravado.
