El agua es un derecho humano frente a la pandemia. Cerca de 3.000 millones de personas no disponen siquiera de una pileta donde lavarse las manos, mientras 4.500 millones no tienen un baño o letrina.
A falta todavía de fármacos eficaces, garantizar una higiene adecuada con agua y jabón, junto a la mascarilla, la distancia y la ventilación, viene siendo una especie de vacuna global frente al virus. Se estima que unos tres mil millones de personas no disponen en sus viviendas de un simple lavabo o de una pileta donde lavarse las manos, mientras 4.500 millones carecen de servicios de saneamiento básicos, ya sea un cuarto de baño o una letrina.
Cuando se presentan estas estimaciones solemos mirarlas como frías estadísticas que reflejan injusticias lejanas, sobre las que poco podemos hacer. Sin embargo, esos problemas no son tan lejanos. No deberíamos olvidar cómo estallaron los primeros brotes de esta segunda ola pandémica en nuestro país, entre los temporeros que malvivían hacinados en vergonzosas condiciones, sin los servicios mínimos de higiene, agua y saneamiento que Naciones Unidas exige como derechos humanos. Como tampoco deberíamos olvidar a los miles y miles de migrantes y solicitantes de asilo, hombres, mujeres, niños y niñas, que siguen bloqueados en campos, en Grecia, bajo condiciones inhumanas, por el fracaso de los países de la Unión Europea en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Campos que, por cierto, ya ni siquiera existen en nuestras conciencias, en la medida en que apenas salen en los noticiarios.
A mediados de marzo, Leo Heller, por entonces Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, lanzó un llamamiento urgente a los gobiernos para que, al menos durante la pandemia, se garantizara a todas las personas el acceso al agua y se prohibieran los cortes de suministro por impago a familias en situación de vulnerabilidad. Muchos países respondieron con moratorias en varios suministros básicos en el contexto de las dolorosas, aunque necesarias, medidas de confinamiento. Sin embargo, una vez aplanada la curva de contagios y retiradas tales medidas, los mismos gobiernos tendieron a retirar también estas excepciones. Esta situación está llevando a que en muchos países se esté cortando el agua a cada vez más familias que se hunden entre paro, pobreza y vulnerabilidad. Una trágica realidad que la pandemia acelera y profundiza.
En plena segunda ola, con más familias en situación precaria que cuando se impusieron confinamientos y se levantaron aquellos escudos sociales, desde el mandato del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento [el autor acaba de ocupar este cargo], se lanza un nuevo llamamiento y no solo a los gobiernos, también a los Ayuntamientos, las comunidades autónomas y regiones con competencias en esta área. Pedimos que se promueva la prohibición estricta de cortes de agua a personas que tengan dificultades de pago.
Más que promover moratorias de pago, deberíamos hacer de la necesidad una virtud y convertir esa urgencia que nos impone la pandemia, en una virtud permanente, con la promoción de las reformas legislativas que sean precisas para impedir esos cortes de agua a familias en situaciones críticas, garantizando así estos derechos humanos en todo momento y circunstancia. Con pandemia y sin ella.
Deberíamos promover las reformas legislativas que sean precisas para impedir cortes de agua a familias en situaciones críticas, garantizando así estos derechos humanos en todo momento y circunstancia. Con pandemia y sin ella.
El virus, más allá del dolor y del quebranto económico que está produciendo, también nos está dando lecciones de las que deberíamos aprender. Fruto de algunas de ellas, se ha generado un consenso generalizado sobre la necesidad de fortalecer y defender el sistema público de salud cuyo objetivo es proteger la de todos y todas, sin ánimo alguno de lucro. Es necesario reflexionar sobre el papel esencial que cumplen para la salud pública los servicios de agua y saneamiento. Hoy, ese papel resulta evidente, incluso ante una pandemia que se transmite por vía respiratoria. Imaginemos la trascendencia que tendría disponer de agua potable y saneamiento seguros, como servicios públicos de interés general, ante una pandemia que se contagiara por vía digestiva, a través del agua y los alimentos.
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