El padre de Carlos Orellano acusó al fiscal de la causa, dijo en “Trascendental” que hasta ahora no hay imputados por el homicidio de su hijo. Renovó el pedido de justicia de la familia. Amigos y organizaciones sociales se movilizaron con un corte de calle con pintadas, humo y carteles para exigir el esclarecimiento de la causa por la muerte de “Bocacha” Orellano. Carlos tenía 23 años, su cuerpo fue hallado en el río Paraná el 26 de febrero después de haber ido a bailar al boliche Ming, de la Estación Fluvial.
“No hay imputados por la muerte de mi hijo, se nos ríen en la cara. Gabriel Nicolosi es la pareja de Carina Gómez, la mujer que cuenta como Carlos se cayó el agua. Envié en una captura de pantalla en la que se ve claramente como Nicolosi se ríe. Gabriel Nicolosi es un policía, mintió en hacer la primer denuncia falsa” sostuvo Edgardo, el padre de Carlos Orellano.
Al mismo tiempo señaló “Después de siete meses el Fiscal le pasa dos discos rígidos al abogado. Allí encontramos llamadas de celulares, fotos, y el fiscal dice que no van a imputar a nadie”. Y luego agregó que “Ahora me tienen que profanar el cuerpo de mi hijo, y cortarle un pedacito de la pierna. Quiero que se pudran en la cárcel. El dueño o testaferro del boliche Ming dejó un audio en el que dice: “si es el pibe que metimos para adentro estamos al horno”.
“Existen un montón de pruebas y ni una sola imputación”, enfatizó el padre de “Bocacha”, como llamaban sus amigos a Carlos Orellano.
Días atrás, el abogado de la familia Orellano, Salvador Vera, explicó en “Trascendental” que “se tienen que exhumar de nuevo los restos de Carlos Orellano, el Instituo Médico Legal no sabe hacer su trabajo, permitió que se contaminara el fémur de Carlos y ahora no se puede verificar si la víctima cayó con o sin vida a las aguas del Río Paraná”.
“El Instituto Médico Legal no cumplió con su trabajo, nos impidió que intervengamos con nuestros peritos. Se tomaron mal las muestras para saber sI Carlos cayó muerto o vivo al río Paraná. Exhumar de nuevo los restos de Carlos Orellano, significa una enorme tristeza y una victimización de la familia” destacó el abogado Salvador Vera.
Desde marzo, cuando se hizo la primer autopsia, Edgardo Orellano, padre de Carlos “Bocacha”, dijo “no estar conforme” con lo realizado y denunció que su perito de parte -la doctora Virginia Creimer- “fue hostigada permanentemente y tuvo que trabajar en un contexto inhumano”. También apuntó en ese momento al fiscal Spelta, a quien acusó de “poner palos en la rueda permanentemente”.
El padre de Carlos Orellano aseguró en incontables oportunidades por los micrófonos de “Trascendental” que su hijo fue asesinado a golpes y luego fue arrojado al río. Su hipótesis siempre fue que a “Bocacha” lo mataron a golpes, luego lo escondieron en un depósito del boliche y cuando ya no quedaba gente, lo arrojaron al río. “A mi hijo lo tiraron muerto”, declaró Edgardo Orellano.
La perito de la familia Orellano pidió en innumerables ocasiones frente a la justicia y frente a los medios que los exámenes “no deben ser hechos en Rosario”. La doctora Creimer afirmó que “Los análisis deben salir de Rosario, de Santa Fe, porque asusta el nivel de corporativismo y obstrucción de la Justicia que hemos visto. La médica forense fue perito de parte en los casos de Franco Casco, Gerardo “Pichón” Escobar y la bibliotecaria María de los Angeles Paris, tres casos de muertes violentas de las que participaron directa o indirectamente fuerzas de seguridad.
La movlización ayer cortó ambas manos de Oroño y Avenida Illia, entre las pancartas que se podían leer en manos de los manifestantes. además del pedido de “Justicia” y “Justicia por Carlitos”, los carteles resaltaban: “No falleció, lo mataron. No fue una pelea, lo emboscaron”, y “fue un crimen”.
“Te amamos y nunca te vamos a dejar en el olvido!! Vamos a gritar hasta que nos escuchen”, rezaba otro cartel y en otro, sostenido por una chica, se leía: “No hay nudo en la garganta que nos impida gritar esos nombres que intentaron callar”.
De acuerdo a los manifestantes, los asesinos de Bocacha llevan “nueve meses de impunidad”, a la vez que destacan que todavía no hay ningún imputado en la causa.
