Como ya se anunció en este sitio, el Senado santafesino asistirá a la presentación de pruebas que avalan el pedido de desafuero del legislador justicialista por San Lorenzo Armando Traferri, sindicado por los fiscales Schiappa Pietra y Edery como uno de los organizadores de la red de juego ilegal de la provincia, investigada desde hace tiempo por estos funcionarios.
Uno de esos representantes del Poder Judicial, el doctor Matías Edery, quien precisó que lo que harán hoy en el recinto de la Legislatura es “mostrar que tenenmos un caso penal sólido, con evidencia firme de que Traferri era partícipe de una asociación ilícita. El juez debe considerar la calidad de la prueba, como si fuera una audiencia, para que los que tengan que decidir sobre el desafuero tengan elementos”.
Edery ratificó que él y su colega entienden que Traferri “forma parte de una organización que hizo prosperar el juego clandestino, con una malla de cobertura judicial que él gestionó con sus contactos con (el empresario del juego Leonardo) Peiti y los exfiscales Serjal y Ponce Asahad”.
Con respecto al anuncio que el senador hizo de que puso a disposición de la Justica su teléfono celular, el fiscal aclaró: “él dijo que lo pondría a disposición ‘en su oportunidad’ pero no nos llegó el teléfono, que debe ser entregado en Fiscalía”. Y refrendó: “tenemos un gran cúmulo de evidencia: entrecruzamiento de llamadas, constancia de impactos en antenas (de telefonía celular), fotos, escuchas telefónicas. Vamos a desarrollar todo, y cuando tenga lugar la audiencia sobre Patricio Serjal, expondremos también esa evidencia, la que explica el funcionamiento de esta organización”.
Luego, el doctor Edery repitió que hay inconssitencias en el escrito que Traferri aportó como única presentación, comparado con la prueba objetiva. “Por ejemplo, el senador dice que conoció a Peiti en 2019 y tenemos constancias de que la relación, muy estrecha, data al menos de 2017”.
Una de las preguntas que se instaló, con respecto a este pedido sobre Traferri, es qué pasará si el Senado convalida el desafuero: “hay que ver qué alcances le da el Senado al desafuero; la legislación es muy confusa y poco clara en ese aspecto. Cuando preparemos la audiencia veremos qué hacer, pero nuestra idea es pedir medidas cautelares”, anunció.
Tras reiterar que se trata de una investigación penal compleja y que el peligro de una demora en la resolución del pedido de desafuero es el entorpecimiento de la prueba, Edery consideró que “sería un buen gesto que nos dejen desarrollar la investigación, que es seria y por eso la queremos presentar. El día en que el senador se presentó le ofrecimos que se desaforara, pero no lo hizo y por eso hicimos este rtámite, que esperamos que prospere para, la semana que viene, poder imputar”.
Finalmente, y consultado acerca de qué pena podría caber a todos los acusados de integrar la organización, el fiscal señaló que “el espectro de pena es amplio, de 5 a 15 años para los organizadores de la asociación ilícita y de 3 a 10 años para quienes sean considerados miembros integrantes”.
