Lo evaluó Ariel D’Oracio, del Consejo Asesor de la Vivienda Única, quien también denunció intentos de aplicación de aumentos en nuevos contratos “que no se condicen con la realidad del trabajador”
El 31 de este mes quedará sin efecto el congelamiento de los precios de alquileres establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320 y prorrogado por el DNU 776. Esta situación preocupa al Consejo Asesor de la Vivienda Única, uno de cuyos referentes, Ariel D’Oracio, afirmó que se ha solicitado una prórroga de entre seis y ocho meses del congelamiento.
“Muchas organizaciones sociales lo pidieron y es fundamental porque hay mucha incertidumbre; muchísimas locaciones fueron prorrogadas en pandemia y hay un nivel de endeudamiento del sector, porque cayó claramente el ingreso económico y hubo mucha pérdida de empleo, además de que muchos inquilinos trabajan de manera informal. Todo esto genera una imposibilidad de asumr los gastos de un nuevo contrato de locación y la deuda generada desde marzo hasta hoy”, señaló. “Si los DNUs quedan sin vigencia, desde febrero habrá una situación muy complicada: muchos quedarán en la calle y serán perjudicados no sólo los inquilinos sino también, los garantes”.
Además de la prórroga por no menos de seis meses, D’Oracio pidió al Estado que aplique “políticas públicas para resolver la situación de fondo. Debe ponerse en funcionamiento el Programa Nacional de Alquiler Social”.
Ante la pregunta de quién porotege al propietario y su inversión, ya que el congelamiento estableció precios que no se condicen con lo que se vive cotidianamente, Ariel consideró: “Las propiedades, si están ocupadas, no pagan impuesto a la propiedad. Plantear el congelamiento del alquiler responde a la necesidad del trabajador y, en todo caso, se discutirá que el congelamiento sufra incrementos de 10 ó 15 por ciento, pero siempre, salvaguardando el derecho a la vivienda”.
En cuanto a qué se ve en el mercado, el referente del la Vivienda Única destacó “actuializaciones desmesuradas, porque algunos quieren trasladar el inmobilirario al valor del alquiler, por ejemplo. Hay un índice proyectado a nivel anual que no supera un 23 por ciento de aumento en el precio del alquiler y están pidiéndose hasta 54 por ciento de incremento en nuevos contratos, mientras que la inflación interanual es de no más del 40 por ciento”.
“Los salarios cayeron muy fuerte; los comercios también perciben menos dinero y hau una base de endeudamiento muy grande. El Gobierno debe desarrollar un programa de ayuda a ambos sectores”, aseveró.
La referencia a los ajustes previstos antes de que obrara el congelamiento mereció esta manifestación de D’Oracio: “cuando hay un incremento pautado contractualmente, el inquilino puede pagarlo, pero si se acoge al DNU, debe abonar en seis cuotas y desde febrero el valor de ese aumento. Y para las deudas contraidas aún en vigencia del DNU, también se pagarán desde el primero de febrero, en seis cuotas con dos por ciento de interés”.
Por último, dejo sentado que por denuncias de posibles denuncias de violación a la legislación sobre alquileres, toda persona puede dirigirse a Córdoba 852, de 9 a 14 horas.
