La organización denunció que se violan los derechos humanos en esa provincia. Ayer, el Jefe de Gabinete convocó a su despacho a funcionarios formoseños.
“Hablaré con todos por la situación que se está viviendo en Formosa”, confirmó a sus allegado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Y pidió que le organicen una reunión con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional Argentina, que denunció que en esa provincia se estaban violando los derechos humanos en los centros de aislamiento por coronavirus, incluso antes, al tener cerradas las fronteras por 9 meses para los formoseños que querían volver a su provincia.
Fuentes de Casa Rosada confirmaron el encuentro que se desarrolló en el despacho de Cafiero con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y su directora adjunta, Paola García Rey. Pietragalla y Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos, acompañaron al Jefe de Gabinete en el encuentro. Concluida la reunión que duró una hora y media, las directivas de la ONG se retiraron sin hacer declaraciones, a pesar de la insistencia de los periodistas acreditados.
En diálogo posterior con la agencia estatal Télam, Belski dijo que “nos contaron su visión de lo que habían visto en Formosa y la reunión que tuvieron con funcionarios provinciales de ayer y nos adelantaron que van a volver a viajar a la provincia”. “No van a sacar los ojos de la provincia”, le aseguraron y precisó que “la provincia aceptó la colaboración del Gobierno nacional y trabajar de manera conjunta”. “Nosotros seguimos exponiendo nuestra posición, los casos contundentes que llegaron a Amnistía y pedimos que las tengan en cuenta para sus recomendaciones”, agregó.
“Cuando nos involucramos con casos lo que más nos importa es tomar contacto con las autoridades para que la situación se revierta”, explicó la directora ejecutiva del organismo. En ese sentido, “nos quedamos muy conformes con la reunión, lo que no quiere decir que no nos vamos a seguir ocupando y monitoreando la situación”. Por último, juzgó “más difícil” que puedan tener un encuentro similar con el gobierno de Gildo Insfrán: “lo veo más complicado, hemos pedido pero no tuvimos ninguna respuesta, no veo predisposición por ahora”.
La reunión fue pedida por la organización de derechos humanos la semana pasada. “Hay privación de libertad de facto”, expresó en la carta que envió al Gobierno antes de que el secretario Pietragalla viajara a Formosa en una polémica visita. “Por su naturaleza involuntaria y los mecanismos a través de los cuales se ha implementado, la cuarentena compulsiva e indiscriminada ha constituido una privación de la libertad de facto en condiciones insalubres por tiempo indeterminado y de manera arbitraria”, manifestó.
Pietragalla, en cambio, respondió en forma irónica a ciudadanos que lo cruzaron por la calle y dio una conferencia de prensa donde negó la existencia de violaciones a los derechos humanos. “No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa y no se violan sistemáticamente los derechos humanos. No hay delitos de lesa humanidad en Formosa”, dijo.
Ayer mismo, Cafiero encabezó una reunión de trabajo con autoridades nacionales y provinciales para diseñar un nuevo abordaje sanitario y epidemiológico, así como “intercambiar información con respecto a las denuncias referidas al abuso y arbitrariedades por parte de la autoridad policial que, en el cumplimiento del aislamiento vigente en dicha provincia, constituyan actos de violencia institucional”.
El Jefe de Gabinete estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Por el lado de Formosa, estuvieron el vicegobernador, Eber Solís y el poderoso ministro de Gobierno, Jorge González, además una representante de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, Claudia Rodríguez.
El Gobierno defendió la actuación del Secretario de Derechos Humanos en la provincia al expresar que “en su visita se entrevistó con las autoridades locales, las organizaciones sociales, dirigentes y referentes de la oposición política y representantes de la sociedad civil”, según informó.
Fuente Infobae.
