El abogado y docente de la UNR explicó que el concepto por el cual se pide la separación del cargo es difuso en la doctrina jurídica, y destacó que el juicio político no castiga penalmente.
El pedido de juicio político al ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín se ha formalizado e instaura en la opinión general una situación a la cual no es usual asistir.
El doctor en Derecho Oscar Blando, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), detalló aspectos del mecanismo por el cual se accede a un juicio político: “Hay que entender que es un procedimiento parlamentario cuyo objetivo es la destitución de un funcionario. El gobernador, los ministros, el fiscal de Estado, los miembros de la Corte y el Tribunal de Cuentas son los actores indicados para esta eventualidad”, destacó.
“Este juicio no castiga penalmente”, aclaró el abogado, “sino que busca separar del cargo al funcionario en cuestión, y para ello, la Constitución establece tres motivos: mal desempeño de funciones, comisión de delito en ejercicio, y comisión de crímenes comunes. Las instancias a recorrer son: la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga”.
“Se necesitan dos tercios de los miembros presentes, tanto para hacer lugar a la causa como para la resolución sancionatoria o no”, abundó Blando. “Este pedido de juicio político tiene que ver con declaraciones publicas que se consideran agraviantes y deshonrosas para el pueblo y la policía. Se iniciará el proceso si se forma una causa, previa averiguación y comprobación de hechos, y también se le dará audiencia al ministro, quien tendrá el lógico derecho a defensa”.
Saín argumentó que el audio registra una conversación privada y que en ella, uno puede hablar en otros términos que no son los que emplaea para hablar en público. Blando precisó: “En este caso se aduce mal desempeño, y si hay un concepto difuso en la doctrina jurídica y constitucional es ése. El mal desempeño se determina, en la práctica, según el impacto que tiene una conducta y se hace paso a paso”
Tras recordar el caso de la destitución, por esa razón, de Antonio Vanrell cuando era vicegobernador de Santa Fe, el abogado puntualizó que “en Argentina, los órganos políticos no son sometidos, por lo general, a juicio político. Este tema no es sencillo y tiene claramente una naturaleza política”.
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