Con la pérdida de vigencia del decreto 320, que suspendió la posibilidad de desalojar y congeló los precios de alquileres, la agrupación tomó la acción descripta basándose en que el estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, que podría no ser accesible para todos por las derivaciones del contexto sanitario.
Después de un año de vigencia del decreto 320 del Gobienro nacional, el que suspendía los desalojos y congelaba precios de alquileres, dicha vigencia se extingue, y eso tiene muy preocupados a quienes son inquilinos, como es de colegir.
Sebastián Artola, titular de la Defensoría de Inquilinos y referente de la Federación de Inquilinos, brindó detalles del recurso de amparo y medida cautelar que dicha federación presentó ante la justicia, para impedir los desalojos: “El pedido cubre hasta que se haga efectivo un plan de contención a las familias que están al borde de quedar en la calle. No hay propuesta concreta en marcha para esos inquilinos, muchos de los cuales (entre el 35 y 40 por ciento) están en situaciones extremas de endeudamiento”.
“Para los que no tienen contratos vigentes, se impone la imposibilidad de muchos de renovar o firmar un contrato nuevo por los precios exorbitantes que se piden, lo cual es producto de la irresponsabilidad del mercado inmobiliario”, denunció Artola. “Les piden entre 80 y 100 por ciento de aumento, lo que no se condice con ninguna variable de la economía, ya que la inflación del año pasado fue del 36 por ciento”.
“Es necesario que la justicia ordene al Estado (nacional, provincial y municipal) la suspensión de todos los desalojos. De no ser así, se van a dar desalojos violentos e ilegales que hay que evitar; sobre todo porque estamos entrando a la segunda ola y hasta Naciones Unidas plantea que la vivienda es la principal trinchera para hacer frente al coronavirus. Entonces, los desalojos profundizarán las crisis habitacional y santaria”.
La respuesta del Estado nacional fue un Plan de Asistencia que hasta fue publicado en boletín oficial, pero Artola casi desestimó esto: “Hoy no pasa de ser un proyecto porque no está funcionando. Necesitamos una respuesta ahora; mañana será tarde. La ley dice que antes del desalojo tiene que haber una instancia de mediación garantizada por la justicia, pero si no hay presencia del Estado, quedará todo supeditado a las partes y el mercado inmobiliario actuará por la fuerza”.
“Planteamos prorrogar las medidas que garanticen el inmueble mientras la pandemia continúe, ya que éste fue el contexto que dio origen al decreto 320 y la misma sigue vigente”, resumió el representante de inquilinos. “Hasta que no veamos que se ponen en práctica esos mecanismos de contención, insistiremos en que los tres niveles del estado tienen que garantizar el derecho a la vivienda”.
