El secretario de Justicia de Santa Fe, Héctor Somaglia, solicitó que se deje sin efecto la medida. Pidió que se envíe a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura para que analice la posibilidad de destituir al fiscal Vigo. Es el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, quien ordenó no colaborar con el personal del Organismo de Investigaciones.
El secretario de Justicia de Santa Fe, Héctor Somaglia, envió un comunicado al titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pidiéndole que revierta la decisión de uno de los fiscales regionales de no trabajar con el Organismo de Investigaciones (OI) que dirige el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.
En el escrito dirigido a Baclini, el funcionario provincial hace referencia a resolución que firmó el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, en la que ordenó a los fiscales de su jurisdicción que dejen sin efecto las colaboraciones requeridas al personal del OI y también solicitó la devolución de los legajos y material de investigación que se encontraba en poder del organismo.
“Me veo en la obligación en poner en su conocimiento la situación de severa gravedad institucional que se ha suscitado para la prestación del Servicio de Justicia en general, y especialmente, para el sistema de investigación y persecución de delitos en la Provincia”, señaló Somaglia en el comunicado.
Según su explicación, el fiscal Vigo “dispuso de facto, sin sustento legal alguno, el cese de la intervención del Organismo de Investigaciones como órgano previsto en el art. 30 de la Ley Nro. 13.013 del Ministerio Público de la Acusación”.
“El Fiscal Regional carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de intervención del Organismo de Investigaciones, ya que tal decisión no se encuentra comprendida dentro de las atribuciones previstas en la Ley del MPA, que sólo prevé la posibilidad de dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo”, remarcó Somaglia.
Ante todo esto, solicitó formalmente que se deje sin efecto la resolución del fiscal regional de Rafaela y ante la “manifiesta extralimitación legal del funcionario para el dictado de la referida resolución”, se gire la presente a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe para que analice la posibilidad de destituirlo.
Además, la provincia solicitó que se investigue si la decisión de Vigo no configura un ilícito penal.
Fuente: Rosario 3
a.d.
