El doctor Sebastián Artola, de Defensoría de Inquilinos, destacó un aumento exorbitante en ese porcentaje, además de denunciar todo tipo de incumplimientos, por parte de los propietarios, de la Ley de Alquileres.
El Banco Central de la República Argentina publicó el nuevo valor para indexar los contratos de alquiler, que incluye el índice de precios al consumidor y la remuneración promedio de los trabajadores.
Sebastián Artola, de la Defensoría de Inquilinos de Rosario, dio detalles del relevamiento realizado a nivel nacional por la Federación de Inquilinos, que determian un alza enorme en el porcentaje de ingresos que un asalariado debe destinar al pago del alquiler: “A nivel nacional, el promedio ronda el 50 por ciento. En provincia de Santa Fe, el 42 por ciento. Esto marca una pérdida del poder adquisitivo porque hasta 2002, el alquiler representaba entre el 25 y el 30 por ciento de los ingresos”.
El doctor Artola aseguró que el mercado inmobiliario hace un diagnóstico falso al establecer la rentabilidad que se pretende en función de valorizar en dólares el inmueble del que se es propietario. La realidad es que las inversiones para construir se hacen en pesos, así como el pago de impuestos que se hace según el valor fiscal, que es mucho más bajo que el que ellos estiman para plantear la rentabilidad. Hay que desdolarizar la vivienda, que explica – principalmente – el desfasaje entre el valor de alquiler y el ingreso promedio de un trabajador, y avanzar hacia la pesificación”.
“A un año de la sanción de la Ley de Laquileres, aún no se cumplen la obligatoriedad del contrato por tres años: un porcentaje altísimo se firma por dos años o menos. Incluso, hay prórrogas ‘de palabra’. A esto se suma que el 90 por ciento de los contratos siguen sin registrarse en AFIP por parte de los propietarios, que tampoco entregan facturas y se resisten a hacerse cargo del pago de impuestos (API, TGI) y expensas extraordinarias. Y en lo relacionado a las garantías, que según la ley, deben ser cinco opciones, de las cuales el inquilino puede tomar dos, eso tampoco se cumple”, describió.
“El desafío es establecer una política pública integral que recomponga los salarios y fortalezca la moneda, y en ese marco debe estar el acceso a la vivienda; no tiene que estar más en manos del mercado, porque así se profundizará la crisis habitacional. Se necesita una presencia fuerte del estado; más, en contexto de pandemia”, concluyó.