El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, señaló que “Aceptamos un pedido del jefe de la Comisión de Acuerdos de la legislatura, Fabián Bastía (diputado provincial UCR- FPCyS), para resolver la continuidad de la investigación por presuntas faltas del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, actual director del Organismo de Investigaciones”.
La Suprema Corte de Santa Fe aceptó un pedido del jefe de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, Fabián Bastía, para resolver la continuidad de la investigación que se lleva adelante por presuntas faltas graves de Marcelo Saín, actual director del Organismo de Investigaciones.
“Hay que ir al fondo de la cuestión, saber cuál es el grado de fortaleza de los planteos. Lo importante es que la Corte Suprema de Santa Fe no desvía el tema, sino que va a tratarlo”, dijo el presidente del máximo Tribunal de Justicia de la provincia, Roberto Falistocco.
Cabe recordar que el diputado Bastía pidió a la Corte que anule la sentencia que ordena archivar la causa contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín.
La Legislatura exige investigar al ex ministro, pero una jueza laboral le ordenó que archive el caso. Ahora, la Corte toma el tema y se saltea la feria para eso.
La Corte de la provincia aceptó considerar el planteo del diputado Fabián Bastía que en su carácter de jefe de la Comisión de Acuerdos rechaza la resolución de la jueza laboral de Rosario Paula Calace Vigo, quien ordenó a la Legislatura archivar el proceso disciplinario abierto contra Marcelo Sain. Lo hizo al admitir el amparo del ex ministro de Omar Perotti, actual titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien pedía no ser investigado por la Legislatura, merced a la incompetencia que le atribuye para juzgar su conducta.
El planteo de Bastía, patrocinado por el abogado constitucionalista Domingo Rondina, es que la Justicia Laboral no es competente para resolver un amparo de un funcionario público sino que debe entender la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Por eso le pide la la Corte que absorba ese expediente, retirándolo de la Justicia Laboral, y resuelva.
Sain se opone porque alega que no puede ser juzgado retroactivamente dado que los hechos que se le reprochan son previos a la sanción de la ley. Pero el argumento de Bastía es que para aceptar el amparo del ex ministro la jueza Calace Vigo tomó en cuenta que el fiscal de Estado, Rubén Weder, se allanó al planteo de Sain. Esto para la mayoría de los legisladores es un acto cuestionable por el que pedirán el juicio político a Weder.
Lo que le cuestionan a Weder es que obedeció órdenes directas de Omar Perotti a partir de un decreto en el que el gobernador le pidió que se allanara al reclamo de Sain. Los legisladores dicen que Weder aceptó sin tener en cuenta que hay una ley que faculta a la Legislatura a investigar al ex ministro. Sostienen que sin pedir informes a la Legislatura el fiscal de Estado la pasó por alto. Y que este funcionario no es representante del Poder Ejecutivo sino de la provincia toda. Vale decir también de la Legislatura.
Son excepcionales los casos donde la Corte resuelve avocarse directamente a un caso y para más durante la feria judicial. Esto tiene que ver con la dimensión de un conflicto de poderes que produce desconcierto y dificultades para su comprensión. El máximo tribunal debería expedirse sobre un asunto complejo: si la sentencia de la jueza laboral que benefició a Sain tiene validez o no y sobre la actuación del fiscal de Estado. Un hombre que fue histórico funcionario de la Corte como jefe de relatores.
Todo esto ocurre a una semana de que la Corte de la provincia resolviera, en fallo dividido, reconocer la potestad de la Legislatura para controlar el régimen disciplinario de los fiscales en la causa seguida contra el fiscal rosarino Adrián Spelta. Como el fiscal Spelta apeló esta determinación que implica que los legisladores pueden juzgarlo debe dirimir este asunto la Corte Suprema de la Nación.
Distintas entidades académicas fueron muy críticas con esta resolución que, consideran, limita la autonomía e independencia de los fiscales para investigar, dado que provoca un disciplinamiento de actores con poder formal o influencia.
Fuente Entrevista de LT8 y Diario La Capital
A.D.
