Lo aseveró Fernanda Gigliani, concejala de Iniciativa Popular. Entiende que no alcanza con una ordenanza que declare que un inmueble es Patromonio Histórico, sino que también, el Estado debe colaborar económicamente con la conservación del mismo.
La concejala Fernanda Gigliani, representante del espacio político Inciativa Popular, realizó declaraciones sobre uno de sus intereses principales cuando ejerce su función legisladora, que cumple desde diciembre de 2011: cómo y hacia dónde crece la ciudad en materia de urbanismo y cómo se está transformando.
Fernanda puso el foco, primero, en el caso de la esquina de Mitre y Pasaje Fabricio Simeoni, donde había un bar histórico y ahora hay una empalizada que precede a la construcción de un edificio.
“Lo que se hace en estos casos es revisar si el inmueble en cuestión está dentro del catálogo de Patrimonio de la Ciudad o no. Y en este caso, no lo está”, aclaró. “Hay muchos inmuebles de la ciudad similares a éste que sí forman parte de ese catálogo. Entonces estamos hablando de un permiso de edificación normal que fue emitido desde el gobierno de la ciudad”.
Amén de lo puntualizado, Fernanda afirmó: “Denuncio desde hace tiempo que la mirada de algunos desarrolladores y de algunas constructoras es casi predatoria del patrimonio. Por eso, elaboramos una normativa referida a esto que se presentará en próximas semanas para discutir en el Concejo, originada en que muchos titulares de un inmueble no tienen poder económico para sostener ni revitalizar el mismo. El Estado debe no sólo imponer la protección sino colaborar en la conservación con quienes tiene sus inmuebles catalogados”.
“Por otro lado”, prosiguió, “hay inmuebles que no tienen valor urbanístico ni arquitectónico, pero sí, cultural, histórico y simbólico. Entonces, no alcanza con una ordenanza que declare el valor cultural del inmueble, porque si el dueño del mismo va a la justicia para demolerlo, probablemente obtenga el aval para hacerlo”.
“La única causal para que un inmueble catalogado pueda ser demolido es que esté en ruinas. Así, hay constructoras que los compran a un precio menor y los dejan caer en ruinas”
Sobre la altura de los edificios que se construyen en el centro
“Es un derecho de los vecinos acceder al asoleamiento y a la ventilación. Esa es una parte de la discusión que tenemos en el Concejo, donde estamos abordando normativas para la revitalización del centro. No hay que pensar sólo en el aumento de la altura de edificios para beneficiar a determinados sectores de la construcción. Hay que pensar en para quién se construye y qué calidad de vida les otorgamos a quienes viven en esa área”.
