La comisión de Acuerdos de la Legislatura analizará hoy un sumario abierto contra Débora Cottichini, miembro del Organismo de Investigaciones. La acusan de haber filtrado información al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.
En diálogo con LT8, el diputado provincial Fabián Bastía, aclaró que “en la conducta de Cottichini no tenemos ninguna posibilidad de actuar porque su cargo esta fuera del alcance de quienes pueden ser evaluadas por la comisión de acuerdo”. No la pueden sancionar, pero analizarán su comportamiento.
“Las consecuencias de la investigación, si tuviera o tiene relación en principio con el director general del organismo de investigación, Marcelo Sain, en ese nivel o nivel inferior, nosotros si tenemos obligación legal y el derecho de tomar en el caso de causas graves”, dijo Bastía. Quiso dejar en claro que están hablando de cuestiones administrativas, cualquier otra cuestión que tenga que ver con la justicia, excede a la comisión de acuerdos.
El legislador apuntó que, “eventualmente, si aquí hubo escuchas ilegales, o se hizo uso indebido de documentación, todo tipo de investigación que hubiese tenido el organismo de investigaciones para una causa particular o cualquier tipo de información se use contraria a derecho, lógicamente la responsabilidades le caben, se llame Marcelo Saín o como se llame”
Ayer, a través de sus redes sociales, el ex ministro Marcelo Saín dijo que “todos los denunciantes de esta barbaridad son integrantes del sequito de la UCR de Maximiliano Pullaro, y reportan al Fiscal General Jorge Baclini”.
Para Bastía, “entrar en ese juego y haciendo imputaciones personales, me parece una perdida de tiempo para quien se encuentra en una situación tan grave, y ha sido parte de la violencia institucional, de una política tan nefasta en materia de seguridad, con resultado a la vista de todos los santafesinos”. “Todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos lo ha tenido como actor principal, y lo único que hemos visto de Sain son chicanas e intentos desesperados en la justicia forzando, que llevaron al gobernador y al fiscal de estado a un allanamiento que hoy esta en discusión en la Corte, para ver si puede seguir subsistiendo en un cargo, que debiera haber renunciado antes de asumir en el ministerio de seguridad”, dijo.
