Así se expresó el subsecretario de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro, a própósito de la detención de un armero sospechado de vender proyectiles a bandas delictivas.
Ayer se produjo la detención del dueño de una armería rosarina, que utilizaba nombres de legítimos usuarios para vender municiones a personas que, se presume, son integrantes – camufladas – de bandas delictivas.
Lautaro Sappietro, subsecretario de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, manifestó su preocupación por la derivación de este caso que tiene que ver con una actividad que está – se considera – sobrerregulada, pero mal controlada: “Sostenemos que la Anmac (Agencia Nacional de MAteriales Controlados) debe tomar cartas y modernizar el sistema por el cual se anota la venta de municiiones, que está atrasado: se usa un libro para anotar a mano”.
“Hay que contar con un sistema que permita el lanzamiento de alguna alerta, como sucede cuando alguien realiza una transacción sospechosa”, ejemplificó. “No puede ser que el Estado deje librado esto a la conciencia del armero. Y la dispersión normativa que existe es importante por no ser delito el vender municiones”. De este modo, la acusación sobre el armero de mentas sería sólo por falsificación de documentos.
En pos de rellenar esas lagunas legales que se generan, Sappietro recordó: “Hace ocho meses propiciamos una ordenanza para que haya control del municipio, pero esa medida aún no está reglamentada”. Y más: “Trabajamos con algunos legisladores para presentar un proyecto de modificación del código penal en lo que a esto se refiere. Aunque se corra el riesgo de generalizar y meter en la misma bolsa a legítimos usuarios, sostenemos que tiene que haber un control férreo, en tiempo real”.
Los planteos descriptos por el funcionario también llegarona al nivel nacional. “Anmac comunicó que está en desarrollo un sistema que permita la trazablidad de la venta, pero acá estamos apremiados y necesitamos que se resuelva cuanto antes. Siendo el sistema tan complejo y el problema tan grave, es necesario que haya un trabajo mancomunado entre los tres niveles de Estado y la fiscalía: por primera vez se está poniendo el foco en la existencia del circuito ilegal y lo que llamamos ‘mercado gris’, donde el que vende tiene autorización y la usa para también vender ilegalmente. Son pequeñas operaciones, no tan sofisticadas, que permiten desviar material a circuitos ilegales”. Por todo esto, el Estado no puede no conocer lo que pasa en una armería”.
