Lo presentaron algunos diputados nacionales. Plantean “solución de equidad” pero eximen a participantes en fiestas clandestinas y a quienes no se aislaron tras estar en el exterior
Crece el escándalo generado por las impagnes difundidas de la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama argentina, Fabiola Yáñez, realizada en la Residencia Presidencial de Olivos en tiempos en que regía el aislamiento en Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires).
A partir de lo que sucedió allí en julio del año pasado y que recién se conoció hace poco, legisladores nacionales presentaron un proyecto que vincula este evento con los procesos judiciales que atraviesan muchos argentinos, por incumplir restricciones. Entre ellos, el diputado de la Unión Cívica Radical, Juan Martín, quien argumentó: “Se quebrantó el principio de igualdad ante la ley, por lo cual pedimos una solución de equidad. No es justo que se persiga penalmente a quienes salieron a la calle por necesidad, mientras quien dicta la propia norma la incumplió deliberadamente”
Así las cosas, “pierde toda legitimidad la pretensión de perseguir penalmente. Un proceso penal representa estigmatización, angustia, gastos, lucro cesante”. Y aclaró: “El proyecto que presentamos excluye de esta especie de amnistía a los funcionarios públicos federales, provinciales y municipales; el Ejecutivo y los legisladores deberíamos rendir cuentas por la comisión de los delitos”. La excepción alcanza, también, a quienes participaron de fiestas clandestinas o a quienes incumplieron medidas de aislamiento al regresar de una estancia en el exterior.
Si esta iniciativa prospera, “se extinguirá la acción penal e inmediatamante deberán restituirse los bienes decomisados o secuestrados. Por ejemplo, todavía hay muchos vehículos a disposición de la justicia. La fuerte restricción sobre la circulación afectó mucho a las libertades individuales; hubo abuso de poder del parte del Ejecutivo y no se resolvió lo sanitario, sino que se generaron grandes problemas en lo económico, lo educativo y lo laboral”.
“El Presidente debe rendir cuentas ante la justicia”, ratificó. “Las causas que se tramitan sobre violaciones de restricciones, a veces no tienen ningún sentido y saturan el sistema de justicia federal, que debe abocarse a los casos de corrupción, de lavado de activos, de narcotráfico, que a veces duran diez años, y no a perseguir a una persona que salió a tomar sol a una plaza, mientras nuestra máxima autoridad violaba a sabiendas el aislamiento y la distancia social”.
