La justicia considera “imputado colaborador” al exfiscal, quien al estar detenido desde hace más de un año, podría obtener en breve la libertad condicional.
Ayer hubo novedades en la causa que investiga el juego ilegal en Santa Fe: la jueza María Isabel Mas Varela homologó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa del exfiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
El fiscal acusador Luis Schiappa Pietra dio detalles del acuerdo, que confirma pena para Ponce Asahad: “La pena acordada, en función de la declaración prestada, es de 6 años de prisión, y en base a las consideraciones sobre el aporte a la investigación de esas declaraciones, que sirvieron para progresar en la misma, se disminuyó a la mitad (tres años), según dispone el código penal para un ‘imputado colaborador’ “.
Al estar detenido Ponce Asahad hace un año y un mes, próximamente podría obtener la libertad condicional. Notificado esto, el fiscal comunicó: “Ponce Asahad admitio haber recibido coimas para permitir el juego ilegal. Además, explicó cómo se consolidó ese sistema a partir de la asunción de Patricio Serjal como fiscal regional. Contó sobre la primera reunión con Traferri; cómo cada vez que la situación de (el empresario del juego ilegal Leonardo) Peiti se complicaba, Serjal llevaba a cabo tareas para evitar consecuencias jurídico-penales; cómo Traferri estaba al tanto de todo eso. Esto tiene repercusión drecta en la evidencia que presentamos: fechas de reuniones; secuencias de allanamientos malogrados; lo que contó Peiti acerca de su relación con Ponce Asahad y Serjal, etc”.
“Con esto se derrumba la idea de la defensa de discutir por fuera de tribunales y no ir a las audiencias, porque sabe que allí, los jueces entienden que las imputaciones son contundentes, como en este caso, en que a partir de la declaración (del exfiscal) se pudo escalar en las responsabilidades criminales de esta organización, lo que vincula directamente al senador Traferri, quien sigue sin comparecer y sí participa en otras votaciones en su labor como senador”, consideró.
“Todo el procedimiento que llevamos a cabo estuvo en cumplimiento de la reglamentación interna que tenemos cono ministerio público, para poder aceptar la declaración de un ‘imputado colaborador’ “, aclaró. “Todo esto nos importa; sobre todo, por las declaraciones muy subidas de tono acerca de nuestro proceder emitidas por la defensa y por el propio senador, con conceptos que fueron descartados por una jueza y un juez, pero el tenor de esas declaraciones hacen que junto con el fiscal Edery evaluemos los pasos a seguir”, dijo, dejando abierta la posibilidad de iniciar una querella.
“Vamos por buen camino. Los tribunales convalidan nuestras hipótesis, analizando las pruebas de cargo que exponemos. Estos son avances muy significativos”, concluyó.
