El fiscal acusador de 16 de las personas detenidas – como resultado de los más de 80 allanamientos llevados a cabo la semana pasada – afrimó a que el Estado debe apuntar a impedir que se sigan organizando crímenes desde las cárceles.
Ayer se celebró una extensa audiencia imputativa a personas vinculadas a una banda que actuaba para Los Monos. La audiencia sobrevino tras más de 80 allanamientos realizados la semana pasada y en ella, 16 personas fueron acusadas; 12 de las cuales ya estaban presas por diferentes ilícitos, según informó el fiscal acusador Pablo Soca.
“Ésta asociación ilícita no es muy diferente a otras asociaciones que responden a otros líderes renombrados del hampa”, describió. “La mayoría de los ilícitos imputados fueron ordenados desde la cárcel y se pudo probabilizar que esta banda respondería o tributaría a ‘Guille’ Cantero. Podría ser una subestructura de las varias que hay, que no necesariamente se conocen entre sí, pero que todas le reportan a Cantero, cuya carrera en el mundo delictivo es tan exitosa que se ganó el derecho de cobrar a quienes quieren ejercer violencia. Para ser ladrón, barrabrava o narco, hay que pagarle a él”.
El doctor Soca calificó a la investigación realizada como “exitosa y producto de la coordinación con los juzgados federales y otras unidades fiscales”. Pero admitió estar ganado por “cierto desgano porque toda investigación conduce a los mismos lugares y a las mismas personas, las que ya están presas y, algunas, tienen condena”.
“Lo único que hay que hacer es tratar de que no se cometan más delitos desde el interior de la cárcel, vía teléfono celular. Si las autoridades gastan tanta plata en operativos, policías, fiscales y jueces pero no logran impedir el ingreso de esos teléfonos a las cárceles, esto no tendrá final. No entiendo cómo sigue pasando y no tengo la solución: desde mi unidad, la de Balceras, hacemos lo que está a nuestro alcance”, reclamó.
“Sería ingenuo pensar en que no hay connivencia” con los poderes. “Los internos tienen derecho a comunicarse con el exterior, pero hay que regular ese derecho, para que con esas llamadas no se organicen extorsiones y balaceras”.
“Esto no es un relato”, contrapuso a lo que arguyen algunos abogados defensores: “Cantero tiene más de 80 años de condena”. Y concretó: “Pienso que estas investigaciones pueden servir para exponer las falencias que tiene el Estado en el control de las cárceles y no tanto, para las personas que fueron o ya estaban detenidas”.
