La situación del legislador de Somos Vida Y Familia, Juan Argañaraz, podría zanjarse practicando algunos de los tests conocidos. Opinión del titular de esa bancada, Nicolás Mayoraz.
Ayer, el diputado provincial no vacunado Juan Argañaraz, de Somos Vida Y Familia, reclamó por la negativa que el resto de los legisladores de esa cámara le impuso, para que asista a sesiones presenciales. Su reclamo fue elevado a la Presidencia de ese cuerpo, la cual ratificó la decisión de los diputados, pero están buscándose alternativas para resolver la situación.
El doctor Nicolás Mayoraz, presidente del bloque mencionado y quien sí cuenta con las dos dosis de la vacuna aplicadas, señaló: “Respaldamos la decisión de Juan porque creemos que al no ser obligatoria, la vacuna no se puede exigir, pero hay que solucionar esto rápido; con buena fe de ambas partes, se puede”, entendió. “La exigencia de un test PCR o antígenos realizado 48 horas antes de cada sesión y que ratifique que no el diputado no porta el virus, sería una medida razonable que dejaría a todos contentos porque se cumpliría la finalidad de proteger a los demás legisladores de un eventual contagio”.
“Conversamos (sobre el tema) con algunos legisladores, que lo ven positivo, pero tenermos que tratarlo en parlamentaria de la semana que viene”, indicó.
Con respecto a su postura personal con respecto a la vacuna, Mayoraz afirmó: “El primer proyecto presentado en la legislatura para vacunar a los menores con comorbilidades fue mío. Promovimos que quien quisiera vacunarse lo hiciera y que los que tuvieran factores de riesgo fueran los primeros en aplicársela, pero perjudicar a quien no quiere vacunarse no es correcto. Se ha logrado un objetivo con el 60 por ciento de la población santafesina vacunada; ahora hay que trabajar en la recuperación de la salud para que la gente pueda afrontar una hipotética tercera ola de coronavirus con un mejor estado de salud”.
Finalmente, el parlamentario aclaró: “Yo pondría escalas: para trabajar, lo que no es obligatorio no puede ser exigible porque el riesgo es perder el empleo. Para ir a un boliche, sería optativo: la normativa no lo exigiría y decidiría el dueño del lugar. Hay que dictar normas que sean cumplibles: coercionar no es necesario”.
