El gobierno provincial elevó a la Legislatura un proyecto para modificar dos artículos del Código Procesal Penal atinentes a la prisión preventiva con la finalidad de que toda persona que sea detenida por la fuerza pública portando un arma de fuego sin la autorización legal correspondiente quede tras las rejas y no obtenga beneficios que morigeren tal situación.
Sobre esto, el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, explicó que “la idea es brindar mayores herramientas a los jueces y a los fiscales y tiene también como mensaje el desaliento de utilización o tenencia de armas de fuego sin autorización”. “Es decir, todo aquel que porte o tenga armas de fuego de manera ilegal pueda ser pasible de que cuando cometa un hecho delictivo o esté vinculado como partícipe pueda quedar en prisión preventiva hasta tanto el proceso concluya”, siguió.
“Como no estaba previsto en la legislación procesal se incorpora como supuesto para habilitar a la Justicia que en determinados casos con portación de armas puedan ser privados de la libertad de manera transitoria y excepcional hasta tanto el proceso pueda ser resuelto”, agregó.
Ya se empezaron a escuchar algunas voces que no ven factible este proyecto. Sobre esto, el funcionario dijo que “sé que hay algunos profesores del derecho y algunos doctrinarios que entienden que esto es materia de la legislatura nacional y no lo vemos así”. “El Congreso tiene las facultades de editar lo que se llama el Código Penal, es decir cuáles conductas dentro de una sociedad constituyen o no constituyen delitos, ahora la forma de cómo enjuiciar a los delincuentes es resorte exclusivo de la provincia”, aclaró.
“En el caso de las medidas de la prisión preventiva, que son medidas cautelares, que tienen por objeto despejar cualquier riesgo para que el proceso avance o que tengan armas de fuego cualquiera sea su calibre, ya sea en circunstancias de autoría o de partícipe de algún delito, en ese caso los jueces puedan quedar habilitados para dictar una prisión preventiva”, añadió.
“Acá tenemos que ser conscientes que una vez por todas tenemos que tomar medidas excepcionales, aunque sean transitorias, para dar lucha al narcotráfico y al gran nivel de inseguridad que hay”, explicó Somaglia.
El mensaje Nº 4.962 que lleva las firmas de Omar Perotti y su ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, sostiene que la restricción de la libertad de las personas armadas se justifica preventivamente en atención a la situación de “alarma o peligro social” que se vive en la provincia, específicamente en Rosario, donde las balaceras y atentados contra edificios públicos o privados como también a comercios de distintos rubros están a la orden del día.
