Es en el final del juicio por la compra de material ferroviario a España y a Portugal; Jaime también es juzgado por enriquecimiento ilícito y por el presunto cobro de sobornos.
La fiscal federal Gabriela Baigún pidió condenar al exministro de Planificación Federal Julio De Vido a la pena de cuatro años de prisión por haber defraudado al Estado con la compra de trenes chatarra a España y Portugal. También solicitó que al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime se le aplique una pena de ocho años de cárcel y una multa de 15.860.336 pesos.
De Vido ya está condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once, pero como ese fallo no está firme -está en la Corte para su revisión-, está excarcelado, en su casa, desde donde siguió por Zoom el juicio, vestido de sport, con una remera deportiva azul.
Jaime, en cambio, está preso y condenado a ocho años de cárcel, por lo que una eventual condena en esta causa se deberá calcular teniendo en cuenta este castigo que ya cumple.
En su alegato de hoy, Baigún pidió ocho años de pena para Jaime, que no participó de la audiencia por problemas de salud. Además de por la compra de los trenes chatarra, lo acusó de enriquecimiento ilícito y cohecho.
La fiscal entendió que De Vido y Jaime eran autores paralelos del delito, sin necesidad de que uno supiera lo que estaba haciendo el otro.
Pero en el caso de Jaime la fiscal precisó que además cobró casi un millón de dólares de sobornos mediante los contratos de una consultora de su testaferro Manuel Vázquez para efectuar servicios técnicos simulados, que nunca se ejecutaron. Dijo que este sistema se usó también para el pago de sobornos que admitió la empresa LAN para ingresar al país.
Para Vázquez, Baigún pidió una pena de cinco años de prisión y una multa de 10.986.664,23 pesos.
Baigún rechazó el argumento de la defensa de Jaime sobre su supuesta falta de facultades en materia de transporte ferroviario y enumeró las incumbencias que tenía el funcionario para hacer las compras indicadas en un plan de modernización ferroviaria dispuesto por decreto, que incluía compras internacionales.
Fuente La Nación
