En un claro golpe a la gestión de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el gobierno de Mauricio Macri, la justicia rechazó hoy un planteo de la defensa de la ex subdirectora de ese organismo. Silvia Majdalani, pretendía hacer caer el caso de espionaje ilegal que lleva el juez Juan Pablo Augé.
“En el caso se advierte que el comportamiento de la imputada Majadalani, junto con el resto de los acusados, pervirtió los fines de la institución que comandaba, y la volvió en contra de la sociedad que debía proteger, lo cual en sí constituye un quebrantamiento a la razón del ser del propio Estado, que es ni más ni menos que el bien común. Las prácticas ilegales investigadas, de ser comprobadas, constituyen un importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales y de institucionalidad republicana que toda la sociedad viene persiguiendo desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país”, explicó el Juez Augé.
“Majdalani, en tanto funcionaria pública, se encuentra imputada de la comisión de graves hechos que merecen, y deben ser investigados en profundidad, para luego ser juzgados, conforme a las reglas del debido proceso legal”, señala en su resolución el Juez de Lomas de Zamora.
El juez Augé sostuvo que “se trata de conductas que afectan la vida, la privacidad, la dignidad, la igualdad y la libertad de los damnificados directos; pero también de la sociedad toda, en tanto con estas acciones se ha traicionado la confianza depositada por el pueblo (recordemos que la imputada fue designada con la aprobación del Senado de la Nación), al emplear su autoridad como instrumento para violar la Constitución y las leyes, poniendo en jaque el Estado Constitucional de Derecho y el sistema democrático que emerge de la Ley Fundamental y las normas internacionales que la integran”.
Así se expresó el juez al rechazar un pedido de Majdalani, un pedido que denominado en derecho como “falta de acción”, donde la defensa argumentó “cosa juzgada”, ya que la exfuncionaria había sido sobreseída en una causa similar en los tribunales de Comodoro Py por el espionaje al Instituto Patria.
En tanto, en esa causa se investigan las tareas de espionaje al Instituto Patria, al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, la presentación de documentos falsos y la denuncia por espionaje a funcionarios del macrismo y opositores, periodistas, empresarios y políticos.
“La pretendida excepción de cosa juzgada resulta un vano intento por evitar la justa aplicación del derecho y choca con principios éticos y jurídicos, y por tal motivo debe ser desechada sin más”, concluyó el juez Augé en su dictamen.
