El máximo tribunal fijó el monto de la deuda por coparticipación correspondiente al fallo de 2015, cuando avaló un reclamo iniciado por Hermes Binner. También instó al pago
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el monto y fijó la modalidad de pago de la deuda que el gobierno central tiene con Santa Fe por descuentos indebidos de coparticipación entre el año 2006 y 2015. El máximo tribunal confirmó el fallo favorable para la provincia y actualizó el monto a pagar, fijándolo en $ 86 mil millones.
El tribunal fijó el monto de la deuda por coparticipación en $ 54 mil millones y el de la deuda por detracciones indebidas para financiar a la Afip por $ 14 mil millones. Además, le sumó $ 18 mil millones correspondientes a un expediente iniciado en 2009.
Esta tarde, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía, Walter Agosto, darán en Santa Fe una conferencia de prensa con las precisiones sobre esta resolución que tomó el máximo tribunal.
Fuentes de la Casa Gris afirmaron, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “es una gran noticia para los santafesinos”. Y aseguraron que “la gestión de Omar Perotti siempre eligió la insistencia por los canales correctos, haciendo cinco presentaciones en menos de dos años”.
“Fue un trabajo silencioso pero efectivo, siempre se privilegió pelear por los intereses de la provincia y no las peleas políticas que no resuelven nada. Trabajar y gestionar para lograr resultados. Y eso es lo que hoy se muestran: resultados”, subrayaron.
La deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe tomó forma en noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema de la Nación falló a favor de un reclamo que había iniciado Binner. El reclamo fue contra la detracción del 15% que el gobierno central detraía de la coparticipación federal desde los primeros pactos federales firmados por Carlos Reutemann en la década del 90. Aunque fue la provincia la que inició la demanda, una vez que consideró vencidos los plazos de aquel pacto, la sentencia del tribunal alcanzó también a San Luis y Córdoba.
A partir de ese momento, el gobierno nacional dejó de descontar el 15% de coparticipación a la provincia. Pero quedó pendiente el cumplimiento del mandato de la Corte para negociar el pago de la deuda que se generó desde al año 2006, cuando comenzó a considerarse ilegal esa detracción. A pesar de que establecía un plazo limitado, el gobierno de Mauricio Macri llevó a la larga la negociación y no hubo avances, aún cuando Miguel Lifschitz firmó el pacto fiscal de 2017 con la condición de que se pague esa deuda, y de haber presentado diferentes propuestas de pago.
Antes de eta resolución, se estimaba que el monto a desembolsar por el Estado nacional debería ser superior a los $ 100 mil millones.
A fines de 2018, Lifschitz presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga en la disputa. “Es indispensable que la Corte le ponga límite a esta negociación y satisfaga el reclamo de Santa Fe”, aseguró en ese entonces el ex mandatario. El gobierno provincial propuso distintos esquemas que permitieran saldar la deuda en cuotas, con un mix de bonos y obras.
La crisis de los últimos dos años del gobierno macrista sepultó las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Cn el cambio de gobierno, la administración Perotti le bajó el precio a la acreencia que el socialismo aseguraba le dejaba como herencia.
“Ese es un tema que hay que aclarar, porque queda la sensación de que hay una cuenta por cobrar al alcance de la mano”, señaló el ministro de Economía, Walter Agosto, en febrero de 2020, durante la única entrevista que dio al diario La Capital. Y abundó: “Esa deuda tiene una liquidación presentada por Santa Fe en sede judicial. La Nación la impugnó. Hay un controversia y no está definido el valor. Tenemos que esperar que la Corte lo defina. Una vez que lo haga, la Corte va a pedir a la Nación que haga una propuesta de pago. Si la propuesta de pago viene y satisface a la provincia, está todo bien. Si no, vamos con otra revisión y se abre otro plazo”.
El ministro de Economía deslizó, en aquel momento, que “la otra alternativa hubiera sido establecer un acuerdo con la Nación, como hizo Córdoba. Bueno, Santa Fe no lo hizo”.
La pandemia también metió la cola. No sólo por las dificultades operativas sino porque el gobierno nacional se convirtió en el gran financista de la provincia, tanto en la asistencia con recursos directos a su población y sectores productivos, como en el financiamiento del sector público a través de distintos mecanismos. En este contexto, tensionar la relación parecía dificultoso.
Mientras tanto, la provincia de San Luis fue a fondo para que la Corte Suprema obligara al Estado nacional a cumplir con la sentencia. Obtuvo un pronunciamiento favorable. Se fijaron las pautas de pago y el gobierno nacional terminó firmando un acuerdo. Luego activó los mecanismos para cancelar la deuda que, de $ 5 mil millones en su origen, se actualizó a $ 26.000 millones. Para cumplir con el pago se dispusieron cuatro emisiones de bonos.
Al fallar sobre el criterio de actualización de la deuda de San Luis, la Corte estableció un ajuste a tasa pasiva no capitalizable. Así, cuanto más se dilata un acuerdo, el crédito se va licuando. Cuanto mayor es el tiempo, el bajo porcentaje de tasa y su no capitalización potencian la licuación.
En reiteradas oportunidades, los referentes del Frente Progresista cuestionaron a Perotti por la “pasividad” con la que encaraba el tema de la deuda histórica.
Estos cruces se expresaron en distintos pedidos de informes y recrudecieron durante la última campaña electoral.
La diputada provincial Clara García, criticó la “falta de información oficial del gobierno provincial” en torno al pago de la deuda que Nación tiene con Santa Fe.
“Desde que asumió, el gobernador (Omar) Perotti venía repitiendo sobre este reclamo histórico que no había nada que negociar porque el expediente estaba en la Corte Suprema, que debía resolver el monto a pagar. Esta afirmación no es correcta ya que el monto estaba definido y también la forma de actualización”, comentó.
La semana pasada, Perotti formalizó ante la Corte la semana pasada su reclamo para que se establezcan pautas de cómo se tiene que liquidar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la provincia.
El máximo tribunal sorprendió ayer al dar a conocer su resolución, luego de la tensa reunión que mantuvieron con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, para tratar, entre otros temas, la modificación del Consejo de la Magistratura.
La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Seis años después de la sentencia que le dio la razón a Santa Fe, los magistrados admitieron que aquel fallo tenía “el firme propósito de de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de cumplimiento”.
En ese sentido, el Estado provincial sufrió un traspié ya que la Corte decidió hacer lugar a la posición del gobierno nacional respecto de actualizar el monto de la deuda por la tasa pasiva del Banco Nación. Santa Fe había pedido ajustar por la tasa activa.
En cambio, el tribunal rechazó la pretensión nacional de actualizar la deuda a una tasa anual del 6,72% y de establecer una quita proporcional al aumento de las prestaciones de la Ansés en la provincia.
