Ricardo, el repartidor que fue reducido por efectivos policiales tras un incidente de tránsito en el microcentro de la ciudad, enfrenta una causa judicial por amenazas y resistencia a la autoridad.
En diálogo con LT8, Marcelo Marasca, abogado de la Defensa Pública y patrocinante de Ricardo Cavalli, dijo a LT8 que el pasado viernes “presentamos una denuncia por los incidentes del 14 de diciembre, que no hace hincapié en la narcolemia del efectivo, sino en el proceder policial; la denuncia la hicimos básicamente sobre el proceder en relación a la aprensión y luego en el traslado y la comisaria”
“Entendemos que la aprensión es ilegitima, no responde a una potestad policial, no se da ninguno de los dos supuestos que establece el Código Procesal Penal; de hecho el delito que supuestamente habría cometido es resistencia a la autoridad; y sostenemos que no había ninguna orden valida a la que él se podría haber resistido”, apuntó el letrado.
Luego, mencionó la aprensión, de manera “desmesurada e irracional, aplicándole una llave que lo asfixia, lo desmaya, golpeado en el traslado y en la comisaria por el mismo personal policial”.
Para Marasca, el accionar policial “no se aleja demasiado a lo que pasa cotidianamente en los barrios; en este caso lo que vemos es una documentación muy contundente de como se sucedieron los hechos; esta filmado y hemos constatado las lesiones”. Además de contar con filmaciones de 3 o 4 teléfonos celulares, están pidiendo a fiscalía que secuestre las cámaras publicas o privadas del lugar.