La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo avaló el decreto de necesidad y urgencia que Alberto Fernández firmó el viernes. El decreto del Presidente derogó la intervención de Vicentin y a tan sólo tres días, el Congreso de la Nación ya dió el visto bueno.
Con duras críticas al juez de Reconquista Fabián Lorenzini porque no se dio a conocer todavía el pasivo real de la compañía, el oficialismo quedó en clara sintonía con el DNU del Presidente Fernández para dar marcha atrás a la expropiación de la cerealera Vicentin. En tanto, la oposición (Juntos por el Cambio) reflotó el argumento de que el decreto de intervención era inconstitucional porque violaba la división de poderes.
“Desde que se decretó la intervención de la empresa hubo muchas medidas de obstrucción que no permitieron que la intervención se pueda desarrollar con normalidad”, aseguró el diputado oficialista Marcos Cleri, presidente de la comisión, y luego aclaró “lo que se buscó realizar es poder llevar tranquilidad y certeza a acreedores de la empresa que está concursada y que está en cesación de pago desde el 4 de diciembre de 2019”.
Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) resaltó que el decreto de intervención era ilegal e inconstitucional: “la intervención a una empresa privada sólo puede ser dispuesta por un juez; ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen facultades para ello. Este decreto era una clara violación a la división de poderes, un avasallamiento”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti, que antes había impulñsado la expropiación de la empresa Vicentin, justificó que se dé marcha atrás con la intervención: “Ocurrieron acontecimientos durante este mes y medio. A lo largo de este tiempo el proceso de vaciamiento de la firma Vicentin ha sido escandaloso, sumado al desprendimiento de los asociados de sus bienes privados”, sentenció.
