En la jornada de ayer hubo una reunión entre propietarios, profesionales inmobiliarios, inquilinos y el gobierno nacional. Hay coincidencia en la necesidad de revisar la normativa
La Ley de Alquileres actual propició una discusión importante a nivel nacional, toda vez que en la práctica, todo el mundo ha quedado disconforme. Ayer hubo una reunión celebrada entre el secretario de Comercio Interior nacional, Roberto Feletti, y representantes de los corredores inmobiliarios, de los propietarios y de los inquilinos, que concluyó en el armado de una mesa de trabajo conjunta.
“No hay dudas de que la ley requiere una revisión” dijo el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Andrés Gariboldi. “La problemática del mercado locativo del país es sumamente seria porque la ley perjudicó a locatarios, inquilinos y porfesionales inmobiliarios por igual”.
“Se necesita en el mercado una mayor cantidad de inmuebles”, indicó el corredor. “Hay un déficit habitacional muy importante”. Ejemplo: “Hoy recibimos un número importante de estudiantes en Rosario pero no tenemos departamentos para ofrecerles, porque un importante número de propietarios que mudaron su inmueble desde el mercado de alquiler al mercado de venta, porque no les es redituable tener que plantar contratos de alquiler de 36 meses en un país con inflación del 51 por ciento anual”.
“Planteamos como alternativa a mediano plazo que haya incentivos para la construcción y para quienes estén dispuestos a comprar un inmueble y colocarlo en el mercado locativo por diez años. Esa es la manera de paliar el déficit hasta que Argentina pueda tener créditos hipotecarios a largo plazo, como hay en el resto de Latinoamérica”, postuló, al cabo.
La campana de los inquilinos
Emanuel Canelli, responsable de la Asociación de Inquilinos de la ciudad, aportó a la temática: “Nunca concebimos la ley como un lugar de llegada, sino apenas, como punto de partida. Le acercamos al secretario de Comercio que las inmobiliarias nos están llevando a sufrir una crisis habitacional, porque finalizado (el 31 de marzo de 2021) el decreto que prohibía los desalojos, se retiraron los inmuebles del mercado de alquiler, generando dudas y confusión”.
Para Emanuel, las acciones a tomar son: “Controlar los primeros doce meses del contrato de alquiler; quitar de los ajustes anuales la incidencia de la inflación, y que el Estado publique a diario una cuenta para poder saber cuánto es el ajuste anual y que implemente el alquiler social”.
