Los datos son revelados por una auditoría del Ministro de Seguridad al área de Control Policial. Ocurrió cuando Maximiliano Pullaro era ministro, ahora la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación continúa con la investigación. Nadia Schujman de la Agencia de Control Policial aseguró que se desviaron fondos del Estado para pagar la defensa de los imputados en el caso de Franco Casco.
“El delito denunciado es de peculado, esto significa tomar fondos públicos para desviarlos de manera privada. Existe una clara infracción a la ley de ética pública” señaló la abogada Schujman en declaraciones a “Trascendental”.
“Los pagos se realizaron con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero, las partidas presupuestarias corresponden al periodo 2015- 2019. Se verificó que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados. Estaba destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen de Franco Casco ocurrida en 2014. En la desaparición de Casco existió un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional 7º de Rosario” sintetizó Schujman.
Cabe destacar que Franco Casco vino de la provincia de Buenos Aires y fue asesinado en los primeros días de octubre del 2014. Veinticuatro días más tarde su cuerpo se encontró flotando en aguas del río Paraná.
La Auditoria que pidió el Ministro Saín registra que la partida de gastos reservados se incrementó a 78.000 pesos entre octubre del año 2017 y septiembre del año 2018, para al pago de honorarios de abogados del personal que se encontraba involucrado en el caso Franco Casco.
Salvador Vera, abogado querellante de la familia de Casco indicó que “El rol de la Agencia de Control era esclarecer el hecho y no negar que Franco había sido detenido. Desde una perspectiva de derechos humanos los agentes policiales deben ser apartados, los policías siguieron cumpliendo funciones en la misma seccional séptima. La misma comisaría donde agreden a Elina Rivero y la dejaron en coma ocho días” y más adelante afirmó “Institucionalmente el Ministerio de Seguridad debe resguardar los derechos de las víctimas”.
