Rosario se prepara para la entrada en vigencia del nuevo Código de Convivencia, cosa que ocurrirá en agosto. El código se discutió durante mucho tiempo en el Concejo Deliberante y entre otras sanciones notorias, prevé unas destinadas a cuidacoches extorsivos y para quienes corten calles sin aviso previo.
Eduardo Delmonte, de la Corriente Clasista y Combativa – espacio que suele adoptar los cortes de calles cuando exteriorizan sus reclamos -, entiende que “en lugar de abordar la enfermedad, se busca combatir el síntoma sin ningún tipo de análisis. Se quiere silenciar a un sector de la población que, a veces, no tiene otra forma de expresarse contra el hambre y la falta de trabajo que ésa”.
“Los que impulsan esas sanciones tendrían que ir al fondo del problema: el saqueo que sufre la Argentina, donde la riqueza y la comida se van al exterior y queda muy poquito acá”, agregó.
El código establece multas de hasta 24 mil pesos para las contravenciones mencionadas. “Medidas así nunca tuvieron resultado“, respondió Delmonte, considerando además que obligar a pagar ese monto “sería criminalizar la protesta social, como promueve el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Son pasos que se van dando para imponer políticas de ajuste con medidas represivas sobre los sectores populares. Frente a esas medidas, plantearemos una lucha lo más amplia posible, para la cual contamos con la comprensión de un sector importante de la sociedad”.
“La conflictividad en sí misma es una reacción sana de parte de la sociedad ante un problema que la agobia y que nadie resuelve”, puntualizó. “Se necesitan medidas urgentes para garantizar que la gente labure”. Y en cuanto a la chance de encontrar alternativas a las protestas sociales, “siempre promovimos y promovemos la apertura de mesas de diálogo, con medidas de consideración en los últimos cortes que hicimos”.
“Mucha gente nada tiene que perder y prefiere salir a pelear que bancar la situación que sufre con sus pibes en su casa. Rosario es una ciudad con medio millón de pobres; entonces, hay que discutir cómo generamos un programa de trabajo con fondos nacionales, provinciales y municipales, que permita incorporar al trabajo de construcción de viviendas – cuyo déficit es muy grande – a todos aquellos que sobran, porque el mercado laboral los expulsa”
