La presidenta del Concejo Deliberante de Rosario apoyó el pedido que, en tal sentido, realizó y refrendó el intendente rosarino y desmenuzó las acciones que el municipio podrá realizar si llega a ser ordenanza el proyecto del ejecutivo para investigar posibles lavados de activos
Esta mañana, el intendente rosarino presentó ante el Concejo Deliberante de la ciudad su proyecto con el que se busca poner la lupa sobre el eventual lavado de dinero en inversiones inmobiliarias. “Hay que arremangarse, todos”, graficó Pablo Javkin.
“Nos toca hacer nuestra parte, que es tratar de generar herramientas que permitan seguir la ruta del dinero”, dijo la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. “No tenemos la posibilidad de generar políticas públicas para comprometer a la ciudadanía en tener una Rosario más segura, pero sí contamos con la chance de cruzar la información sobre habilitaciones, desarrollos inmobiliarios, compras y transferencias de autos de alta gama, con las actividades económicas que deberían sustentar esas inversiones, y en el caso de que no haya una correspondencia, generar un sistema de alerta para informar a la UIF (Unidad de Información Financiera) o a cualquier autoridad que sea competente en caso de requerir investigación judicial”.
“Ya no somos informantes voluntarios de la UIF. Ahora tenemos la responsabilidad de informar“, resumió.
“La iniciativa que presenta Javkin amplía la cobertura del proyecto a varios rubros más: casas de juego y de apuestas, casinos, armerias, hostels, playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, concesiones de obras públicas y servicios y construcciones (nuevas y de ampliación y reforma) de más de 500 metros cuadrados”, describió.
“Siendo la segunda ciudad del país, es increíble que seamos espectadores de los que otros deciden por nosotros en materia de seguridad“, reprochó. “Tenemos la información territorial porque estamos en contacto permanentemente con los barrios, donde suceden los delitos y no podemos ser sólo informantes. Queremos hacernos cargo de empezar a combatir la violencia de una vez y la única posibilidad es la autonomía; que Provincia nos conceda la posibilidad de intervenir en la designación del jefe de policía de la ciudad y en la distribución de los móviles policiales en ella”.
“Desde 1994 las ciudades son autónomas por Constitución Nacional y en Santa Fe no se pudo modificar la carta orgánica provincial, por mezquindades políticas. La autonomía puede consagrarse por ley porque la Constitución Nacional lo avala”, insistió.
La legisladora cree que hay consenso para ejercer el control económico financiero. “Hay fuerzas políticas muy disímiles que tienen iniciativas en este sentido desde hace mucho tiempo y existe tal interés en que el proyecto se transforme en ordenanza que seguramente nos pondremos un plazo para tener esa ordenanza lo más rápido posible”.
