La iniciativa, que deberá ser girada al Senado, recibió 241 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención. Además, se tratará en esta sesión, el marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial y la iniciativa que fomenta la construcción.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación. La iniciativa, que deberá ser girada al Senado, recibió 241 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención.
El proyecto, presentado por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas, se debatía esta tarde con la presencia de referentes de organizaciones LGBTIQ+.
Al abrir el debate, la diputada socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud, aseguró que “esta ley permite actualizar la ley 23.798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH SIDA es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público”.
A su turno, el exministro de Salud bonaerense, el oficialista Daniel Gollán afirmó que “esta ley viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina; de lo legal y de lo previsional”.
“Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico”, dijo el legislador de Juntos por el Cambio, Gustavo Bacha Bouhid, exministro de Salud de Jujuy.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
Cannabis medicinal y cáñamo industrial
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.
A través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro “commodity” de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.
El marco normativo busca “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.
La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda la Argentina.
Según se informó, el potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), 500 millones de dólares en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de dólares de exportación anuales, revelan los datos.
Blanqueo a la construcción
El tercer proyecto que debatirán los legisladores es una iniciativa de consenso que busca extender por un año más la iniciativa sancionada por unanimidad en el Congreso en 2021 para fomentar la construcción en la postpandemia.
La iniciativa promueve un tributo especial por los fondos blanqueados del 5% para la primera etapa, del 15% para la segunda y del 25% para la tercera.
Además exime del impuesto sobre los bienes personales al valor de las inversiones hasta la finalización de la obra y autoriza un diferimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.
Según expresó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, este miércoles la iniciativa puede representar un adicional de inversión privada de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares.
Fuente Ambito Financiero
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