El bloque de diputados provinciales Igualdad solicitó, también, una reformulación del sistema regulatorio del servicio. Los incrementos pautados para esos meses son de 20 y 10 por ciento, respectivamente
El bloque de diputados provinciales de Igualdad solicitó a la Defensoría del Pueblo que se avance con la regulación del sistema de tarifa social del agua, en un contexto inflacionario que afecta severamente a los sectores más vulnerables y a los asalariados medios.
“Pedimos al gobierno provincial que no se apliquen el segundo y el tercer aumentos, previstos para septiembre y noviembre de este año, del 20 y el 10 por ciento respectivamente, que llevarían el aumento anual a 60 por ciento”, anunció el legislador Rubén Giustiniani. “Lo que pide la empresa tiene dos cuestiones muy negativas: la primera es el golpe al bolsillo del consumidor; la segunda, que genera una expectativa y una consecuencia de inflación muy perjudiciales”.
“Nos parece absolutamente desporporcionado para una ciudad donde tenemos muy pocos medidores y, sabemos, las casas que no tienen medidores son castigadas, porque su consumo se mide por metro cuadrado”, agregó.
“Hay antecedentes de lo que pedimos en la tarifa de energía eléctrica”, aportó fundamento, y sumó: “Junto a lo que pedimos, presentamos un proyecto para tener un marco regulatorio del servicio, porque necesitamos uno que defienda al usuario. Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) debería cumplir con eso y no lo hace; incluso, tiene vacantes que el gobierno provincial aún no ha cubierto. Hay que reformular todo un sistema que ya es caduco y en donde siempre pierde el usuario. Vamos a audiencias públicas a realizar planteos con mucho contenido y fundamento pero como el gobierno no se hace eco de los reclamos, quedamos como ladrando a la luna”.
