Lo afirmó el doctor Máximo Torricelli, contratado por Vicentin para actuar ante el avocamiento de la Corte Suprema de Santa Fe que pidió tal expediente al juez provincial Lorenzini. “No hay ninguna norma que la faculte”, explicó.
En la Causa Vicentin, hubo dos novedades recientes: un avocamiento solicitado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que el juez Fabián Lorenzini le remita el expediente del concurso preventivo de acreedores de esa empresa y una medida cautelar a la que hizo lugar el juez federal Carlos Vera Barros, asistiendo al reclamo de una asociación de consumidores para congelar un acuerdo que Vicentin ya había establecido con varias multinacionales.
El doctor Máximo Torricelli es el abogado patrocinante de Vicentin en lo referido a la avocación de la Corte. “La empresa hizo una presentación para que siga adelante el concurso de acreedores, porque la Corte, al pedir el expediente, paralizó la prosecución del concurso. Es un caso inédito y el máximo tribunal no está amparado por ninguna norma para ejercer la facultad de avocación en esta situación. La única circunstancia en que puede hacerlo es si está en riesgo su competencia constitucional; claramente, no es éste el caso”.
Sobre el ruido político que puede generar esa decisión: “Son muchos millones lo que cuesta todo esto y nadie se mostró, siquiera, interesado en adquirir Vicentin y hacerse cargo de las deudas. Pese a todo lo malo que tiene cualquier concursos, lo bueno es que no están generándose deudas; la empresa sigue funcionando y los trabajadores conservan su empleo”.
“Pienso que la corte va a devolver el expediente, pero si eso no ocurriera, todavía queda la instancia ante la Corte de la Nación”.
