El secretario de justicia, Gabriel Somaglia, habló de la situación de la agroexportadora, y se refirió a las maniobras de sus ejecutivos.
La Comisión de Información y Seguimiento del Caso Vicentin de la Cámara de Diputados de Santa Fe presentó en las últimas horas su segundo informe. En el, los legisladores hacen hincapié en las maniobras de vaciamiento llevadas adelante por parte de los directivos de la agroexportadora, cuyos resultados fueron puestos a disposición de la anunciada Comisión Bicameral que se creará en el ámbito del congreso nacional.
Entre otras cosas, el informe de diputados dice que en el último tiempo, la firma realizó 1400 transferencias a cuentas propias o a paraísos fiscales previo al pedido de concurso de acreedores, con el solo motivo de vaciar Vicentin.
En diálogo con LT8, el secretario de justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, destacó que la provincia también aportó información que requiere investigación. Muchas pruebas para demostrar que los conductores de la empresa “no eran tan buenos hombres de negocios y ponían en juego el interés público”, dijo el funcionario.
“Señalamos que había un sinnúmero de empresas extranjeras, especialmente en Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay. En el caso de Uruguay, se habían comprado en un solo dia 4 empresas, en ese mismo dia aumentaron el capital; los dirigentes eran ejecutivos de Vicentin y el domicilio en nuestro país para llevar adelante negocios lo constituyeron todos en la sede de Vicentin”, destacó Somaglia. “Un juez deberá investigar estas maniobras”
Responsables
El funcionario provincial explicó asimismo que resta incorporar una sola prueba “de todas las que hemos solicitado para ver si en dos semanas puede estar el expediente en condiciones de dictar sentencia por parte del juez, acerca del pedido del gobierno, a través de inspección de personas jurídicas, para remover a los directivos de sus cargos”.
Para Somaglia, fue pública y notoria la intención del gobierno nacional y provincial de intentar rescatar a la empresa, dentro del concurso, frente a lo cual “en una primera instancia creíamos que podíamos avanzar, pero luego todo quedó truncos frente a la negativa de quienes dirigen la empresa de apartarse de ella y sin intenciones de gestionar el fideicomiso sobre las acciones que habíamos solicitado”.
“Por lo tanto, los responsables, los obligados y los deudores al pago de todo lo que se va devengando de la gestión de la empresa, tienen responsabilidad directa los administradores. Son ellos los que deberían gestionar y buscar alternativas para satisfacer los reclamos laborales”, apuntó Somaglia.
El subsecretario de justicia dejo en claro el rol del estado, de “preservar la paz social e intermediar en estos conflictos a través del ministerio de trabajo para alcanzar soluciones”. Vale la pena señalar que el estado es un acreedor mayúsculo dentro de esta firma. “Ya lo había dicho el presidente, que no iban a poner un peso mas en ella; no aceptaron nuestra colaboración, ahora habrá que transitar las consecuencias. Siempre vamos a procurar la paz social y la preservación de la paz social”.
“Dentro del marco de la legalidad hoy la responsabilidad solo recae en quienes administran Vicentin”, cerró Somaglia.
