El expediente del concurso vuelve al juez Lorenzini, quien deberá tramitar la oferta efectuada a los acreedores, aunque en atención a indicaciones de la Corte Suprema provincial
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe ordenó que el expediente del concurso de acreedores que atraviesa el grupo Vicentin vuelva al juez Fabián Lorenzini, de Reconquista, quien deberá ahora tramitar la oferta formulada a los acreedores atendiendo a indicaciones que dejó el Alto Tribunal.
Carlos Del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular e integrante de la Comisión de Seguimiento de la causa Vicentín en la Legislatura, explicó: “Lo que la Corte sugiere a Lorenzini – y creo que éste lo va a hacer – es rechazar la provocación de Vicentin, que ofertó pagar el 20 por ciento de lo que les debe a las cooperativas, que es millones y millones de dólares”.
“Ahora se iniciará el estudio del procedimiento de salvataje” de la empresa “y allí se abrirá una instancia en la que los gobiernos deberán hacer algo con respecto a la mayor exportadora que tuvimos hasta 2019, cuando esta empresa se vació a sí misma para fugar millones de dólares del pueblo argentino”.
Para Carlos, “el problema grande es saber si habrá continuidad laboral para 7 mil trabajadores que están empleados en forma directa y más de 30 mil que lo están en forma indirecta, porque el 1º de enero se terminará el trabajo que Vicentin hace en (sus plantas de) los departamentos General Obligado y San Lorenzo, que es alquilar sus instalaciones al Grupo Bunge. Hay 33 empresas que dependen del consorcio Vicentin”.
“Hay angustia, desesperación, en la gente”, reconoció el parlamentario. “Nos escriben personas que trabajan en Avellaneda, Reconquista, San Lorenzo, Timbúes. La empresa nada ha dicho en los últimos meses y el panorama es bravísimo; por eso, la comisión presentará el 7 de diciembre su segundo informe y lo hará en Reconquista, porque queremos tener contacto con todos los sectores involucrados. Y ojalá que se despierte el Banco Nación, que tiene que tener mayor participación pública. Ante nosotros, calificó la propuesta (de pago)de Vicentin como ilegal; ahora tendría que hacerlo públicamente”.
