El diputado provincial Leandro Busatto, jefe del bloque justicialista, indicó que “Hay que evitar partidizar una causa que, por primera vez en un año, muestra un resultado concreto. Es bueno profundizar la mirada jurídica del caso”. Además señaló que “Defendemos una manera de entender las políticas de seguridad. Pero no podemos avalar nunca ningún tipo de tarea que vaya por fuera de los márgenes legales”.
“Se sabía que había una imputativa y se aguardaba con expectativa. Por primera vez en un año, la causa tiene un resultado concreto, ahora hay una imputación formal y eso produce efectos políticos. No hay que minimizar el caso, no podemos avalar nunca ningún tipo de tarea que vaya por fuera de los márgenes legales. Siempre defendimos un sistema de valores e ideas, y las seguimos defendiendo”, explicó diputado provincial Leandro Busatto, jefe del bloque justicialista.
Al mismo tiempo, afirmó “Siempre defendimos una manera de entender la seguridad, en ese modo entendimos que determinados planteos que Sain hacía, nosotros coincidimos 100 por ciento. Maximiliano Pullaro, Miguel Lifschitz, fueron ellos quienes lo fueron a buscar a Sain, inventaron un concurso a medida para que sea director del Organismo de Investigaciones, después vino Perotti y lo hizo ministro de Seguridad. Seguimos apostando a determinados conceptos teóricos de la seguridad, la causa tiene un impacto político muy grande, hay que evitar partidizar la causa”.
En tanto, el legislador peronista detalló “Hasta que la justicia demuestre que ha sido culpable todas las personas tienen el derecho al principio de inocencia. El MPA y el Organismo de Investigaciones no encuadran dentro de la normativa de la ley de Inteligencia. La causa tiene cosas muy fuertes, haber violado la ley de inteligencia se le puede adjudicar a un funcionario de la AFI, pero no sé si en este caso. No sé si eso configura delito”.
Por último, Busatto subrayó “Si se comprueban algunas de las cuestiones que se están imputando no hay excusa que valga. Hay que esperar que se avance en la comprobación de las imputaciones, a partir de ahora empieza a correr la valoración de la causa. No me atrevería a hacer valoraciones políticas, mucho menos especulando con la suerte electoral del año que viene, o asociando al gobierno de la provincia con estos hechos. Lo que pido es prudencia, y a los que estuvieron afectados a la causa, todo nuestro acompañamiento. Hay un sistema de entrecruzamiento sobre miradas políticas de la seguridad y la justicia que no hacen todo tan blanco o tan negro en esta causa”.
Cabe señalar que el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, está acusado, entre otros cargos, del delito de asociación ilícita en carácter de jefe y violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional. Sain, fue imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
Las calificaciones se desprenden de una investigación por inteligencia ilegal a cargo de los funcionarios Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez del Ministerio Público de la Acusación, pertenecientes a la Fiscalía de Delitos Complejos. Se investigó también a otros ex funcionarios como Nadia Schujman y Débora Cotichini, Esteban Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Milagros Bernard y Agustina Moulins.
Montenegro, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia, también fue imputado por los siguientes delitos: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
En la causa fueron admitidos como querellantes el Estado provincial (fiscal Rubén Weder); el diputado provincial Maximiliano Pullaro; el gremio UPCN; los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret, y el empresario Gustavo Scaglione.
Sain integró el gobierno de Omar Perotti entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, cuando fue reemplazado por Jorge Lagna. Poco después, el criminólogo ingresó como asesor en el Ministerio de Seguridad nacional.
Fuente Entrevista de LT8 y Diario Uno de Santa Fe
A.D.
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