El abogado Salvador Vera pidió que el Estado intervenga como querellante en la causa por la muerte de Franco Casco. La defensa de los imputados por el homicidio de Casco fue pagada con fondos del Estado provincial. Ahora la familia, a través del letrado, exige que el Estado se constituya como querellante. “Existe una situación grave en relación a la una desaparición forzada, como es la muerte de Franco Casco. El Estado tiene compromisos internacionales con los derechos humanos y debe estar activo en el caso. El gobierno anterior hizo todo lo contrario. El Estado debe evitar las desapariciones forzadas de personas, y debe disponer de todos los recursos para que los hechos se investiguen” señaló Salvador Vera, el abogado de la familia.
“El Estado debe determinar en este caso, pero también en cualquier otro en el que exista desaparición forzada de personas, quiénes son los responsables, investigarlos y condenarlos”, explicó Vera. Y más adelante agregó: “La familia de Franco Casco se pregunta cuál es la respuesta de los funcionarios políticos de la administración anterior. La situación debería fortalecerse con una participación activa del Estado dentro de la investigación. Por eso reivindicamos la denuncia del ministro Marcelo Saín. La situación es grave. Esto debería tener una participación activa por parte del Estado”, precisó el abogado Salvador Vera.
Vera indicó que “en los comienzos de la desaprición de Casco, no reconocían que había sido detenido por la policía, y después, como todos sabemos, el cuerpo de Franco se encontró flotando en el río”.
Cabe destacar que la administración anterior había pagado la defensa de los acusados por el asesinato de Franco Casco con fondos del Estado provincial. Estos datos fueron revelados por una auditoría del Ministro de Seguridad al área de Control Policial. Ocurrió cuando Maximiliano Pullaro era ministro, ahora la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación continúa con la investigación. Nadia Schujman de la Agencia de Control Policial aseguró que se desviaron fondos del Estado para pagar la defensa de los imputados en el caso de Franco Casco.
“El delito denunciado es de peculado, esto significa tomar fondos públicos para desviarlos de manera privada. Existe una clara infracción a la ley de ética pública” señaló hace pocos días la abogada Schujman, en declaraciones a “Trascendental”.
“Los pagos se realizaron con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero, las partidas presupuestarias corresponden al periodo 2015- 2019. Se verificó que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados. Estaba destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen de Franco Casco ocurrida en 2014. En la desaparición de Casco existió un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional 7º de Rosario” sintetizó Schujman.
Cabe destacar que Franco Casco vino de la provincia de Buenos Aires y fue asesinado en los primeros días de octubre del 2014. Veinticuatro días más tarde su cuerpo se encontró flotando en aguas del río Paraná.
La Auditoria que pidió el Ministro Saín registra que la partida de gastos reservados se incrementó a 78.000 pesos entre octubre del año 2017 y septiembre del año 2018, para al pago de honorarios de abogados del personal que se encontraba involucrado en el caso Franco Casco.
Salvador Vera, abogado querellante de la familia de Casco detalló que “el rol de la Agencia de Control era esclarecer el hecho y no negar que Franco había sido detenido. Desde una perspectiva de derechos humanos los agentes policiales deben ser apartados, los policías siguieron cumpliendo funciones en la misma seccional séptima. La misma comisaría donde agreden a Elina Rivero y la dejaron en coma ocho días” y más adelante afirmó “Institucionalmente el Ministerio de Seguridad debe resguardar los derechos de las víctimas”.
