Motivo de controversias entre oficialismo y oposición, se desarrolla la sesión en el Senado que trata la reforma judicial. El debate es conducido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Hay una extensa lista de oradores anotados para expresarse sobre la reforma y se extendería la jornada hasta por lo menos la medianoche.
El Senado debate desde horas tempranas de esta tarde el proyecto de ley que busca reformar el Poder Judicial, con la unificación de fueros y la creación de más juzgados y fiscalías, en una sesión especial en la que se discuten además vacantes en el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y el ingreso y salida de tropas para ejercicios militares.
Cuatro legisladores que cumplen roles como autoridades de Cámara acompañan a la vicepresidenta en el recinto desde sus bancas (Claudia Ledesma y Maurice Closs, del Frente de Todos, y Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos) mientras que otros 66 senadores están conectados de manera remota.
Puertas afuera del Palacio Legislativo, manifestantes autoconvocados por las redes sociales cumple una vigilia luego de un abrazo simbólico en rechazo a la aprobación de la norma.
El proyecto fue enviado por el Gobierno al Congreso el 31 de julio último y, luego de cinco audiencias en un plenario de comisiones en las que se escuchó a medio centenar de expertos, el oficialismo firmó dictamen de mayoría con la oposición en contra.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la oficialista María de los Ángeles Sacnun, defendió el proyecto, pero aclaró que se requerirán normas complementarias “para configurar una verdadera reforma judicial”.
Además, respaldó la inclusión del artículo que busca garantizar la independencia de los jueces ante “el poder mediático” que “horada la democracia”.
“Seguramente, requeriremos otras leyes para configurar una verdadera reforma judicial que otorgue tutela judicial y respeto por las garantías constitucionales y la independencia a los jueces y juezas del Poder Judicial de la Nación”, aseguró Sacnún.
En ese sentido, defendió la inclusión de un artículo que obliga a los magistrados a “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.
“Esta cláusula es para salvaguardar los intereses de la sociedad, del Estado de Derecho, para salvaguardar la independencia de los jueces no solo del poder político, sino del económico y del poder mediático que está incluido en el poder económico”, aseveró Sacnún.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, ratificó el “rechazo total y absoluto” de la oposición al proyecto de reforma judicial al afirmar que se trata de “un engranaje más dentro de un plan estratégico para controlar a la justicia penal federal”.
La senadora de Cambiemos sostuvo que la iniciativa “es un festival de cargos” que prevé “avanzar hacia la impunidad” en casos de corrupción. Para la legisladora por Córdoba, la propuesta del Gobierno para reordenar el fuero penal federal prevé “un gasto de 6 mil millones de pesos” para “controlar un fuero que atiende los casos de los poderosos y no los que le importan a la gente común”.
“Este plan de impunidad se inició con un DNU que crea un consejo consultivo con nombre rimbombante y que es integrado entre otros por el abogado personal de Cristina Fernández, que la defiende en causa de corrupción como la de dólar a futuro”, declaró en alusión al abogado Carlos Beraldi.
La senadora cuestionó que se busque desde el oficialismo avanzar hacia “la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y modificar la estructura del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para modificar el régimen de designación del Procurador General de la Nación”.
También criticó que se quintuplicaron los cargos judiciales a crear y el modo de elección de jueces mediante el sistema de subrogancias en los juzgados nuevos y afirmó en ese sentido “que se han estado negociando cargos” para que en la Cámara de Diputados se obtengan los votos necesarios para convertir en ley la reforma.
