El diputado Giustiniani dijo que este mes habrá novedades, porque el balance 2019 puede echar luz sobre esa cesación de pagos de la firma.
El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, accedió al pedido del fiscal federal Roberto Salum sobre el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de la defaulteada agroexportadora Vicentin.
La decisión del juez tiene por objetivo profundizar las investigaciones sobre los movimientos de activos de la empresa, que es investigada por fuga de capitales.
En diálogo con LT8, el diputado provincial Ruben Giustiniani apuntó que “Si Vicentin SAIC se toma como individuo empresa única, el activo actual de la firma es de un tercio de los pasivos, de 1350 millones de dólares”.
Para el legislador, la clave es la cantidad de empresas conectadas a través de los mismos directores, como Friar, Algodonera, las aceiteras, Vicentin Family Group en Uruguay, Vicentin Paraguay, Vicentin España, etc. “Ahí esta el punto central en este momento”, dijo.
En ese sentido, explicó que “se está rastreando el entramado de empresas que pertenecen a Vicentín para determinar cuáles son los activos para que los acreedores puedan cobrar” y destacó que “la comisión (legislativa) se fijo como objetivo principal defender los puestos de trabajo en Vicentín.
“Hay varias cosas que están en trance en este septiembre como por el ejemplo el tiempo que le dio el juez a la empresa para que entregue el balance de 2019, que es muy importante porque aparece como la compañia, que venia creciendo tanto, que paso de ser la cuarta exportadora de cereales a la primera, por encima de Glencore, Dreyfus y Cargill, termina de golpe anunciando la cesación de pagos mas importantes de la historia de Santa Fe”, evaluó el diputado Giustiniani.
Por último, destacó que en los próximos días “habrá bastante novedades en ese sentido, porque ese balance 2019 puede echar luz sobre esa cesación de pagos en una firma que venia con balances muy positivos”.
Fuga y misterio
El titular del Banco Nación, Claudio Lozano, declaró que Vicentin retuvo más de US$ 800 millones, en lugar de cancelar las deudas con sus acreedores, y denunció además maniobras para evadir el concurso de acreedores con exportaciones millonarias a través de terceras empresas.
