Nire Roldán, de Concejalía Popular, celebró la medida “que es motivo de alivio para 9 millones de inquilinos”
El Gobierno Nacional prorrogó el congelamiento de alquileres y la prohibición de realizar desalojos hasta el 31 de enero de 2021. Lo hizo a partir del Decreto número 776, que estira el plazo que vencía a fines de este mes.
Nire Roldán, de Concejalía Popular, se mostró feliz por este anuncio en su diálogo con “El Primero de la Mañana” por LT8. “Trabajábamos desde hacía mucho por esto y esperabamos esta decision del gobierno, para bien de 9 millones de inquilinos que estaban muy preocupados porque esta situación es similar a la del 20 de marzo (cuando se anunció el congelamiento)”, expresó. “Esta prórroga es motivo de alivio, pero ahora vamos a tener que garantizar que se cumpla, vamos a tener que efectuar acuerdos tributarios, vamos a tener que encontrar un camino común para resolver la situación de tanta gente cuyos bolsillos están dañados por la pandemia”, vaticinó Nire.
Roldán se ocupó también de detallar cuál es el impacto concreto del decreto. “Primero, todos los contratos regulares vigentes al 20 de marzo se extienden hasta el 31 de enero. Segundo, se paga el mismo precio que antes. Tercero, ese contrato dejará secuela en el pago: si no puede pagar se puede hacer convenio de 3 a 6 meses, lo cual deberá acordarse con el propietario. También subsisten las mismas garantías”.
Ante los planteos de distorsión del mercado que realizan algunas partes, porque aducen que la mayoría de los inquilinos pagan a tiempo, Nire manifestó que “toda medida tomada en instancias excepcionales afecta algún interes. El gobierno nacional va en consonancia con lo que pasa en el mundo. Esto no resuelve todos los problemas pero prioriza al eslabón más débil en un contrato de alquiler. El entorno está distorsionado por la pandemia y el mercado deberá ajustarse – en términos reales – a la situación; se estaban pidiendo valores del 60 y hasta del 80 por ciento para renovar cuando los ingresos están totalmente caidos”.
El referente de Concejalía Popular celebró también, como conclusión, la figuración del artículo 7, que imporne la mediación obligatoria: “hay que evaluar siempre la posibilidad de encontrar la salida favorable para todos. Este es un momento prioritario para la concertación de partes y para no buscar conflictos. Les pido eso a todos corredores inmobiliarios”.